El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se inclina por dar su visto bueno al anteproyecto de ley de vivienda pactado por PSOE y Unidas Podemos, que el Gobierno tiene previsto comenzar a tramitar en los próximos días tras múltiples retrasos. El órgano de gobierno de los jueces se reunirá este viernes para aprobar su preceptivo informe sobre el texto y el mecanismo de regulación de precios del alquiler en zonas tensionadas que incluye. Y, aunque no se descartan cambios, el borrador de este informe, al que ha tenido acceso 20minutos, sostiene que dicho mecanismo de limitación de precios "no hace irreconocible el derecho de propiedad ni niega su utilidad económica".

El borrador del informe que será debatido este viernes ha sido elaborado por el vocal del CGPJ Álvaro Cuesta, exdiputado del PSOE, y en líneas generales considera que es un instrumento normativo adecuado para consagrar y dotar de contenido el derecho a la vivienda que recoge la Constitución. No obstante, el informe echa en falta algo más de "concreción" en algunos puntos de la norma y, además, alerta de que dejar en manos de las comunidades autónomas la puesta en marcha del mecanismo de regulación de los precios del alquiler podría provocar que vea "fraccionada su efectividad, que no será homogénea".

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El texto, que analiza larga y detalladamente todos los aspectos de la norma, contradice así algunas de las críticas lanzadas por parte de la oposición al mecanismo de regulación de precios del alquiler. El PP, por ejemplo, ha asegurado que la posibilidad de declarar zonas de mercado especialmente tensionado para, en ellas, congelar los precios -o incluso forzar a su bajada, si el propietario del inmueble en alquiler es una empresa con más de 10 pisos- supone "un ataque sin precedentes contra la propiedad privada", mientras Vox considera que la ley "desprecia" y "ataca" el derecho a la propiedad privada.

Por el contrario, el borrador de informe del CGPJ considera que "el sistema previsto por el legislador [...] acoge mecanismos regulatorios utilizados en países de nuestro entorno y no desnuda al contenido esencial del derecho de propiedad sobre los inmuebles residenciales de sus rasgos definitorios". Y, en la misma línea, plantea que la regulación de los alquileres "se mueve dentro de los cánones que contempla la doctrina constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para validar las medidas de intervención del mercado inmobiliario residencial", ya que "no hace irreconocible el derecho de propiedad ni niega su utilidad económica y no conlleva cargas desproporcionadas y excesivas" para los caseros.

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El borrador del CGPJ, no obstante, señala que el hecho de que las competencias de vivienda sean de las comunidades autónomas puede suponer un problema para aplicar de manera efectiva el mecanismo de regulación de precios del alquiler tal y como lo está diseñado. Precisamente esa ha sido una de la críticas que ha recibido el texto por parte de algunos de los aliados progresistas, nacionalistas e independentistas del Gobierno, que por su parte argumenta que no puede ir más allá porque invadiría competencias autonómicas y podría poner en riesgo la viabilidad legal de la ley.

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"La efectividad de las medidas de contención de precios", señala el borrador del informe del CGPJ a este respecto, "está condicionada" a que las comunidades desarrollen y apliquen las declaraciones de zonas de mercado tensionado, así como a que elaboren su propio "sistema de referencia del precio del alquiler de vivienda", el índice que serviría como tope que no podrían superar los alquileres de pisos de grandes fondos. Y que dependa de cada comunidad si esto ocurre o no, señala el CGPJ, implica que "la norma anteproyectada verá fraccionada su efectividad, que no será homogénea".

Al ponente del órgano de gobierno de los jueces tampoco le convence que el anteproyecto de ley elaborado por el Gobierno no incluya mecanismos administrativos para obligar a que se cumplan las limitaciones de precios establecidas en el mecanismo de los alquileres, y critica que los posibles incumplimientos se dejen en manos de la justicia. "El prelegislador [...] parece haber renunciado a regular mecanismos pre o extra procesales específicos tendentes a asegurar el cumplimiento de las limitaciones", lo que implica que deberá encargarse de ello "la jurisdicción ordinaria". Eso supone, critica el borrador del CGPJ, incrementar "la carga de trabajo, ya de por sí elevada, que soportan los tribunales".

Con un carácter más técnico, el informe que se debatirá este viernes advierte de la inconcreción que, a su juicio, tienen algunos enunciados y contenidos del anteproyecto, y alerta de que esas imprecisiones podrían dificultar la defensa del derecho a la vivienda. Como ejemplo de ello, el texto señala la ausencia de suficiente  concreción en la definición de conceptos como "infravivienda", "vivienda digna y adecuada" y "condiciones asequibles conforme al esfuerzo financiero". Y el mismo problema de indefinición, apunta el borrador, existe al establecer los deberes del ciudadano en relación con las actuaciones de conservación, reparación o mejora de la vivienda.